Así se estilan las cosas en México

Por: Enrique Galván-Duque Tamborrel

Cualquier país del mundo viven de lo que produce el trabajo de sus habitantes, no hay de otra. La Constitución General de la República, en su Artículo 31 fracción IV, dice: “Es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”

En uno de cada cuatro casos, el monto defraudado fue superior al millón de pesos (aproximadamente 90,000 dólares americanos), y en uno de cada diez la cifra llegó a superar los 5 millones de pesos (aproximadamente 455,000 dólares americanos).

Las empresas defraudadas enfrentaron, como consecuencia del ilícito, problemas como incrementos en costos de operación (53%), pérdida de confianza entre empleados (41%) y daños a la imagen de la compañía (25%). En el 60% de los casos, el fraude fue detectado por medio de controles internos y auditoría interna.

Sin embargo, en el 86% de los casos, el fraude se descubrió hasta seis meses después de haberse cometido el ilícito, pese a que existieron señales previas de alarma. En México, sólo el 43% de los casos de fraudes detectados es denunciado ante las autoridades, mientras que en Estados Unidos es el 60%.

Las áreas más vulnerables de padecer fraudes son: ventas/mercadotecnia (48%), logística/almacén/operaciones (42%), administración y finanzas/contabilidad (21%), compras (13%) y producción (10%).

Sólo el 2% de las empresas que han sido defraudadas implementa o corrige sus mecanismos de control interno. En general, el defraudador fue un hombre de entre 25 y 35 años, con una antigüedad en la empresa defraudada de uno a tres años y ocupando una posición de mando medio u operativo.

El 44% de las empresas que opera en México ha reconocido haber realizado algún pago extraoficial a servidores públicos. En promedio, las empresas destinan un 5% de sus ingresos anuales al pago de sobornos.

Las causas de la corrupción son: trámites lentos (47%), multas injustificadas (27%), pérdida de contratos (21%), aumento de costos de operación (21%) y falta de vigilancia e inseguridad (7%). El nivel de gobierno donde más incidencia existe de este tipo de pagos extraoficiales es el municipal. Seis de cada diez empresas consideran que los pagos extraoficiales a servidores públicos tienen un impacto significativo en sus proyecciones de inversión en México.